Una nueva normativa en California modificó significativamente las penas por delitos de robo y por posesiones de drogas ilegales. Aprobada por los votantes como la Proposición 36 durante las elecciones del 5 de noviembre, esta ley comenzó a regir oficialmente el pasado 18 de diciembre de 2024.
Cambios clave en las penas por delitos comunes
La Proposición 36 revisó las reducciones de penas introducidas en 2014 por la Proposición 47, con el objetivo de endurecer las sanciones para ciertos delitos de robo y para el manejo de sustancias prohibidas. Según datos oficiales, esta medida obtuvo el respaldo del 68,42% de los votantes, los que mostraron un apoyo contundente en las urnas.
Bajo esta nueva normativa, delitos como el robo de bienes con un valor inferior a US$950, anteriormente considerados delitos menores, ahora pueden ser clasificados como graves si el infractor cuenta con dos o más condenas previas por hechos relacionados. La pena máxima se elevó a tres años de prisión, la cual depende de los antecedentes del acusado.
Además, la medida incrementó las penas para personas condenadas por traficar drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, según la cantidad de sustancias manejadas. En casos donde se poseía un arma cargada junto a estas, la condena paso de un año de cárcel a un máximo de cuatro años de prisión estatal.
Aumento de penas para robos organizados
La nueva ley también introdujo penas más severas para los llamados “robo relámpago” o “flash mob robberies”, crímenes que aumentaron durante la pandemia. Estos casos, donde grupos organizados saquean tiendas, ahora se consideran delitos graves, con penas adicionales de hasta tres años para los involucrados.
Para los pequeños comerciantes y grandes cadenas afectadas por estos crímenes, esta ley representó un avance necesario. Empresas como Walmart, Target y Home Depot figuraron entre los principales donantes de la campaña de apoyo, al aportar un total de más de US$6 millones, según indican las cifras relevadas por Ballotpedia.
Una medida que divide opiniones
La Proposición 36 generó un intenso debate entre partidarios y detractores. Por un lado, organizaciones como la Asociación de Alguaciles de California y alcaldes como London Breed de San Francisco expresaron su apoyo, al argumentar que esta medida fortalece la seguridad y combate el robo sistemático.
Según Breed, “la Ley para Reducir la Indigencia, Adicción y Robos marca un cambio significativo en nuestras leyes sobre fentanilo y nos ayuda a abordar los robos crónicos que perjudican a comerciantes y trabajadores”.
Sin embargo, grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Instituto Vera de Justicia expresaron preocupaciones sobre el impacto de la medida.
En un comunicado, el Instituto Vera afirmó que “la Proposición 36 revertirá avances logrados en la reducción de la población carcelaria y aumentará las desigualdades raciales”. También señalaron que la medida disminuirá los fondos destinados a servicios esenciales, como asistencia laboral y vivienda para exconvictos, que fueron financiados por ahorros generados tras la aprobación de la Proposición 47.
Relación con la Proposición 47
La Proposición 36 revocó varios aspectos de la Proposición 47, una medida que en 2014 redujo las penas para ciertos delitos menores con el objetivo de descongestionar las prisiones.
Según el Análisis Legislativo del estado, las reducciones penales de la Proposición 47 generaron ahorros de hasta US$95 millones en 2023, fondos que se destinaron a programas de salud mental, tratamiento de adicciones y servicios para las víctimas de crímenes.
Con la entrada en vigor de la Proposición 36, se espera que esos ahorros disminuyan, debido al aumento de penas y al encarcelamiento prolongado de los infractores. Esto generó preocupación entre los opositores, quienes argumentaron que la medida podría exacerbar los problemas de sobrepoblación carcelaria.
Una nueva normativa en California modificó significativamente las penas por delitos de robo y por posesiones de drogas ilegales. Aprobada por los votantes como la Proposición 36 durante las elecciones del 5 de noviembre, esta ley comenzó a regir oficialmente el pasado 18 de diciembre de 2024.
Cambios clave en las penas por delitos comunes
La Proposición 36 revisó las reducciones de penas introducidas en 2014 por la Proposición 47, con el objetivo de endurecer las sanciones para ciertos delitos de robo y para el manejo de sustancias prohibidas. Según datos oficiales, esta medida obtuvo el respaldo del 68,42% de los votantes, los que mostraron un apoyo contundente en las urnas.
Bajo esta nueva normativa, delitos como el robo de bienes con un valor inferior a US$950, anteriormente considerados delitos menores, ahora pueden ser clasificados como graves si el infractor cuenta con dos o más condenas previas por hechos relacionados. La pena máxima se elevó a tres años de prisión, la cual depende de los antecedentes del acusado.
Además, la medida incrementó las penas para personas condenadas por traficar drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, según la cantidad de sustancias manejadas. En casos donde se poseía un arma cargada junto a estas, la condena paso de un año de cárcel a un máximo de cuatro años de prisión estatal.
Aumento de penas para robos organizados
La nueva ley también introdujo penas más severas para los llamados “robo relámpago” o “flash mob robberies”, crímenes que aumentaron durante la pandemia. Estos casos, donde grupos organizados saquean tiendas, ahora se consideran delitos graves, con penas adicionales de hasta tres años para los involucrados.
Para los pequeños comerciantes y grandes cadenas afectadas por estos crímenes, esta ley representó un avance necesario. Empresas como Walmart, Target y Home Depot figuraron entre los principales donantes de la campaña de apoyo, al aportar un total de más de US$6 millones, según indican las cifras relevadas por Ballotpedia.
Una medida que divide opiniones
La Proposición 36 generó un intenso debate entre partidarios y detractores. Por un lado, organizaciones como la Asociación de Alguaciles de California y alcaldes como London Breed de San Francisco expresaron su apoyo, al argumentar que esta medida fortalece la seguridad y combate el robo sistemático.
Según Breed, “la Ley para Reducir la Indigencia, Adicción y Robos marca un cambio significativo en nuestras leyes sobre fentanilo y nos ayuda a abordar los robos crónicos que perjudican a comerciantes y trabajadores”.
Sin embargo, grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Instituto Vera de Justicia expresaron preocupaciones sobre el impacto de la medida.
En un comunicado, el Instituto Vera afirmó que “la Proposición 36 revertirá avances logrados en la reducción de la población carcelaria y aumentará las desigualdades raciales”. También señalaron que la medida disminuirá los fondos destinados a servicios esenciales, como asistencia laboral y vivienda para exconvictos, que fueron financiados por ahorros generados tras la aprobación de la Proposición 47.
Relación con la Proposición 47
La Proposición 36 revocó varios aspectos de la Proposición 47, una medida que en 2014 redujo las penas para ciertos delitos menores con el objetivo de descongestionar las prisiones.
Según el Análisis Legislativo del estado, las reducciones penales de la Proposición 47 generaron ahorros de hasta US$95 millones en 2023, fondos que se destinaron a programas de salud mental, tratamiento de adicciones y servicios para las víctimas de crímenes.
Con la entrada en vigor de la Proposición 36, se espera que esos ahorros disminuyan, debido al aumento de penas y al encarcelamiento prolongado de los infractores. Esto generó preocupación entre los opositores, quienes argumentaron que la medida podría exacerbar los problemas de sobrepoblación carcelaria.
Descubre más sobre la medida que entró en vigor en California y penaliza un delito muy común en Navidad. LA NACION