El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desatado la alarma entre funcionarios electorales estatales al intensificar sus esfuerzos para obtener datos de votantes y otra información electoral. En los últimos tres meses, la sección de votación del Departamento ha solicitado copias de las listas de registro de votantes a administradores electorales en al menos 15 estados, según un recuento de AP. Nueve de estos estados están liderados por demócratas, cinco por republicanos y uno por un comité bipartidista.
Datos de votantes, en manos del gobierno federal
En Colorado, la solicitud abarca “todos los registros” relacionados con las elecciones de 2024 y cualquier registro conservado de las elecciones de 2020. Abogados del Departamento también han contactado a funcionarios en al menos siete estados para proponer acuerdos de intercambio de información sobre casos de fraude electoral.
Este amplio alcance ha generado inquietud, ya que los estados tienen la autoridad constitucional para llevar a cabo elecciones, y la ley federal protege el intercambio de datos individuales con el gobierno. David Becker, exabogado del Departamento de Justicia, calificó estas acciones como “expediciones de pesca” inusuales, señalando que el Departamento “no suele participar en expediciones de pesca” y que históricamente ha sido independiente del presidente.
Las medidas del Departamento se producen en un contexto de crecientes acusaciones de fraude electoral impulsadas por el presidente Donald Trump, quien continúa afirmando falsamente que ganó las elecciones de 2020. Trump también ha presionado a los republicanos de Texas para que reestructuren sus mapas congresuales.
Los estados serán “contactados eventualmente”
Las oficinas electorales en Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Utah y Wisconsin confirmaron haber recibido cartas solicitando sus listas de registro de votantes a nivel estatal. Oklahoma recibió la solicitud por teléfono.
Algunas solicitudes incluían preguntas sobre los procedimientos que los estados utilizan para cumplir con las leyes federales de votación. Otras eran más específicas y hacían referencia a puntos de datos o inconsistencias percibidas de una encuesta reciente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS) informó que el Departamento indicó que “todos los estados serán contactados eventualmente”. La NASS ha solicitado una reunión virtual con el Departamento para abordar las preocupaciones sobre cómo se utilizarán y protegerán los datos de los votantes.
En California, condados como Los Ángeles, Orange, San Diego y San Francisco recibieron cartas solicitando registros de listas de votantes, incluyendo el número de personas eliminadas por ser no ciudadanos estadounidenses.
Orden ejecutiva de Trump: “acuerdo de intercambio de información”
Funcionarios en Arizona, Connecticut, Michigan, Nevada, Nuevo México, Rhode Island y Wisconsin confirmaron haber recibido correos electrónicos proponiendo “acuerdos de intercambio de información” para ayudar al Departamento de Justicia a “hacer cumplir las leyes electorales federales”. Los correos electrónicos hacían referencia a la orden ejecutiva de marzo de Trump sobre elecciones.
Algunos estados han proporcionado versiones públicas de las listas de registro de votantes con información personal tachada, mientras que otros se han negado a proporcionar las listas. En Minnesota, la oficina del secretario de gobierno, Steve Simon, argumentó que la agencia federal no tiene derecho legal a la información, ya que “contiene información personal identificativa delicada sobre varios millones de individuos”.
La secretaria de gobierno de Maine, Shenna Bellows, afirmó que la solicitud del Departamento de Justicia excede los límites del gobierno federal y viola la privacidad de los votantes: “El Departamento no tiene derecho a saber todo sobre ti solo porque lo desee”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desatado la alarma entre funcionarios electorales estatales al intensificar sus esfuerzos para obtener datos de votantes y otra información electoral. En los últimos tres meses, la sección de votación del Departamento ha solicitado copias de las listas de registro de votantes a administradores electorales en al menos 15 estados, según un recuento de AP. Nueve de estos estados están liderados por demócratas, cinco por republicanos y uno por un comité bipartidista.
Datos de votantes, en manos del gobierno federal
En Colorado, la solicitud abarca “todos los registros” relacionados con las elecciones de 2024 y cualquier registro conservado de las elecciones de 2020. Abogados del Departamento también han contactado a funcionarios en al menos siete estados para proponer acuerdos de intercambio de información sobre casos de fraude electoral.
Este amplio alcance ha generado inquietud, ya que los estados tienen la autoridad constitucional para llevar a cabo elecciones, y la ley federal protege el intercambio de datos individuales con el gobierno. David Becker, exabogado del Departamento de Justicia, calificó estas acciones como “expediciones de pesca” inusuales, señalando que el Departamento “no suele participar en expediciones de pesca” y que históricamente ha sido independiente del presidente.
Las medidas del Departamento se producen en un contexto de crecientes acusaciones de fraude electoral impulsadas por el presidente Donald Trump, quien continúa afirmando falsamente que ganó las elecciones de 2020. Trump también ha presionado a los republicanos de Texas para que reestructuren sus mapas congresuales.
Los estados serán “contactados eventualmente”
Las oficinas electorales en Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva York, Utah y Wisconsin confirmaron haber recibido cartas solicitando sus listas de registro de votantes a nivel estatal. Oklahoma recibió la solicitud por teléfono.
Algunas solicitudes incluían preguntas sobre los procedimientos que los estados utilizan para cumplir con las leyes federales de votación. Otras eran más específicas y hacían referencia a puntos de datos o inconsistencias percibidas de una encuesta reciente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.
La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS) informó que el Departamento indicó que “todos los estados serán contactados eventualmente”. La NASS ha solicitado una reunión virtual con el Departamento para abordar las preocupaciones sobre cómo se utilizarán y protegerán los datos de los votantes.
En California, condados como Los Ángeles, Orange, San Diego y San Francisco recibieron cartas solicitando registros de listas de votantes, incluyendo el número de personas eliminadas por ser no ciudadanos estadounidenses.
Orden ejecutiva de Trump: “acuerdo de intercambio de información”
Funcionarios en Arizona, Connecticut, Michigan, Nevada, Nuevo México, Rhode Island y Wisconsin confirmaron haber recibido correos electrónicos proponiendo “acuerdos de intercambio de información” para ayudar al Departamento de Justicia a “hacer cumplir las leyes electorales federales”. Los correos electrónicos hacían referencia a la orden ejecutiva de marzo de Trump sobre elecciones.
Algunos estados han proporcionado versiones públicas de las listas de registro de votantes con información personal tachada, mientras que otros se han negado a proporcionar las listas. En Minnesota, la oficina del secretario de gobierno, Steve Simon, argumentó que la agencia federal no tiene derecho legal a la información, ya que “contiene información personal identificativa delicada sobre varios millones de individuos”.
La secretaria de gobierno de Maine, Shenna Bellows, afirmó que la solicitud del Departamento de Justicia excede los límites del gobierno federal y viola la privacidad de los votantes: “El Departamento no tiene derecho a saber todo sobre ti solo porque lo desee”.
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El Departamento de Justicia de EE.UU. intensifica la solicitud de datos de votantes a nivel estatal, generando preocupación por la privacidad y la independencia electoral. La iniciativa se produce en un contexto de crecientes acusaciones de fraude electoral impulsadas por Donald Trump. LA NACION