Poco duró el impasse luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, resolviera, hace dos semanas, “archivar” el embargo preventivo por 167 millones de pesos solicitado por el sindicato lechero a los dueños de Lácteos Vidal. La pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, atraviesa un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022, tras despedir más de 20 operarios que hicieron un bloqueo, y desde entonces se ha generado un constante ida y vuelta en la Justicia. El embargo se había archivado días atrás hasta tanto se analizara la impugnación presentada por la parte demandada. Pero en los últimos días el juez ratificó dos embargos de la cuenta de la pyme láctea, donde, no obstante, esperan una buena noticia.
De acuerdo con Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, tras la decisión del juez presentaron un escrito solicitando la devolución del embargo, avalado por un seguro de caución por $200.000.000, para detener los embargos hasta que se resuelva el fondo del juicio. De esto, todavía aguardan una resolución de parte de la Justicia.
Esto se disparó después de que una resolución emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo determinó que Lácteos Vidal incumplió con el pago de las astreintes fijadas en favor de los trabajadores. Dado que no hubo objeciones a esas liquidaciones, las sumas fueron declaradas ejecutables y se ordenó un embargo ejecutivo por $47 millones, suma que deberá ser depositada en la cuenta judicial del Banco Ciudad, sucursal Tribunales. Cada uno de los ocho trabajadores tiene derecho a un monto cercano a los $5,8 millones por astreintes [multa cobrada a la empresa], y el juez aclaró que una vez ingresados los fondos embargados a la cuenta judicial se proceda a la transferencia directa a cada uno de los trabajadores.
Alejandra Bada Vázquez habló sobre el embargo de $47 millones
Paralelamente, el tribunal dispuso un embargo preventivo adicional de $120.100.000, desde la intervención del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) hasta la fecha, calculadas en $50.000 diarios por cada empleado afectado. Esta orden de embargo incluye una previsión de $36 millones extra para cubrir intereses y costas judiciales. Se advierte que, salvo que la empresa presente un seguro de caución válido y suficiente, el embargo seguirá su curso. Sin embargo, las resoluciones ejecutorias no quedaron ahí: el último embargo fue por $62 millones, según contó Bada Vázquez, quien asegura que “sigue de pie hasta morir”.
“Además de los trastornos que esto me genera, que él me embargue la cuenta me ata de manos en mi accionar: no puedo administrar con la diligencia que debería tener como buena administradora de la empresa. Tengo que actuar con la responsabilidad de una mujer de negocios, y si me embarga la cuenta injustamente, me altera todo el giro comercial y me complica muchísimo”, afirmó. Según indicó Bada Vázquez, en el último escrito de sus abogados le solicitaron al juez que se “excuse” de la causa.
Sucede que, meses atrás, Ramonet había suspendido su propia medida cautelar en dos oportunidades: la primera suspensión la realizó en junio de 2024, cuando decidió pausar la orden de reincorporación y las multas (astreintes), aunque esa medida fue revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La segunda suspensión la hizo en junio de 2025, al declarar la medida cautelar “abstracta”, tras la presentación de los reclamos por indemnización ante el Seclo, y dejó sin efecto las astreintes.
Originalmente, el juez Ramonet impuso astreintes de $10.000 por día por cada trabajador no reincorporado y despedido en el conflicto de julio de 2022. Sin embargo, las volvió a ratificar en $50.000 por día por trabajador en dos ocasiones. Hace tres años que la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo, negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.
Los ocho trabajadores que habían sido despedidos en el marco del prolongado conflicto sindical son Fabio David Quiroga, Haroldo Javier Rodríguez, José Andrés Emmanuel Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Andrés Anidos, Walter Miguel Corvalán, Walter Alejandro Cerri y Juan Manuel Damico.
Todos iniciaron en su momento acciones legales solicitando compensaciones económicas, fijando como fecha de cese laboral el 31 de marzo de 2025, lo cual llevó al juzgado en ese momento a concluir que ya no correspondía mantener la orden de reincorporación. En el medio, la Justicia ratificó y reforzó la medida cautelar para otros tres trabajadores y delegados de Atilra en la planta: Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico.
No obstante, ahora ratificó la multa a la empresa por no reincorporarlos. Además, en la última resolución, Ramonet señaló que “respecto del seguro de caución solicitado por la demandada, por las sumas que resultan ejecutorias [los $47 millones], no corresponde la sustitución bajo ningún concepto”. En tanto, para las sumas aún no firmes, indicó: “Con relación a las restantes sumas, toda vez que a su respecto no se encuentran firmes, una vez presentado el seguro de caución que pretende, se proveerá. Salvo que la demandada acompañe el seguro de caución en los términos referidos en la parte final de la resolución, en cuyo caso, previo al libramiento del oficio se evaluará el seguro aludido”.
En este contexto, para el embargo preventivo por $120.100.000, si la empresa presenta un seguro de caución, el juzgado evaluará si es aceptable o no, antes de hacer efectivo el embargo. Por último, Ramonet también citó a una audiencia de conciliación con los ocho trabajadores que siguen en litigio con la pyme, para septiembre.
Poco duró el impasse luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, resolviera, hace dos semanas, “archivar” el embargo preventivo por 167 millones de pesos solicitado por el sindicato lechero a los dueños de Lácteos Vidal. La pyme láctea de Moctezuma, partido de Carlos Casares, atraviesa un conflicto con el gremio Atilra desde julio de 2022, tras despedir más de 20 operarios que hicieron un bloqueo, y desde entonces se ha generado un constante ida y vuelta en la Justicia. El embargo se había archivado días atrás hasta tanto se analizara la impugnación presentada por la parte demandada. Pero en los últimos días el juez ratificó dos embargos de la cuenta de la pyme láctea, donde, no obstante, esperan una buena noticia.
De acuerdo con Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, tras la decisión del juez presentaron un escrito solicitando la devolución del embargo, avalado por un seguro de caución por $200.000.000, para detener los embargos hasta que se resuelva el fondo del juicio. De esto, todavía aguardan una resolución de parte de la Justicia.
Esto se disparó después de que una resolución emitida por el Juzgado Nacional del Trabajo determinó que Lácteos Vidal incumplió con el pago de las astreintes fijadas en favor de los trabajadores. Dado que no hubo objeciones a esas liquidaciones, las sumas fueron declaradas ejecutables y se ordenó un embargo ejecutivo por $47 millones, suma que deberá ser depositada en la cuenta judicial del Banco Ciudad, sucursal Tribunales. Cada uno de los ocho trabajadores tiene derecho a un monto cercano a los $5,8 millones por astreintes [multa cobrada a la empresa], y el juez aclaró que una vez ingresados los fondos embargados a la cuenta judicial se proceda a la transferencia directa a cada uno de los trabajadores.
Alejandra Bada Vázquez habló sobre el embargo de $47 millones
Paralelamente, el tribunal dispuso un embargo preventivo adicional de $120.100.000, desde la intervención del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) hasta la fecha, calculadas en $50.000 diarios por cada empleado afectado. Esta orden de embargo incluye una previsión de $36 millones extra para cubrir intereses y costas judiciales. Se advierte que, salvo que la empresa presente un seguro de caución válido y suficiente, el embargo seguirá su curso. Sin embargo, las resoluciones ejecutorias no quedaron ahí: el último embargo fue por $62 millones, según contó Bada Vázquez, quien asegura que “sigue de pie hasta morir”.
“Además de los trastornos que esto me genera, que él me embargue la cuenta me ata de manos en mi accionar: no puedo administrar con la diligencia que debería tener como buena administradora de la empresa. Tengo que actuar con la responsabilidad de una mujer de negocios, y si me embarga la cuenta injustamente, me altera todo el giro comercial y me complica muchísimo”, afirmó. Según indicó Bada Vázquez, en el último escrito de sus abogados le solicitaron al juez que se “excuse” de la causa.
Sucede que, meses atrás, Ramonet había suspendido su propia medida cautelar en dos oportunidades: la primera suspensión la realizó en junio de 2024, cuando decidió pausar la orden de reincorporación y las multas (astreintes), aunque esa medida fue revertida por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La segunda suspensión la hizo en junio de 2025, al declarar la medida cautelar “abstracta”, tras la presentación de los reclamos por indemnización ante el Seclo, y dejó sin efecto las astreintes.
Originalmente, el juez Ramonet impuso astreintes de $10.000 por día por cada trabajador no reincorporado y despedido en el conflicto de julio de 2022. Sin embargo, las volvió a ratificar en $50.000 por día por trabajador en dos ocasiones. Hace tres años que la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo, negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.
Los ocho trabajadores que habían sido despedidos en el marco del prolongado conflicto sindical son Fabio David Quiroga, Haroldo Javier Rodríguez, José Andrés Emmanuel Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Andrés Anidos, Walter Miguel Corvalán, Walter Alejandro Cerri y Juan Manuel Damico.
Todos iniciaron en su momento acciones legales solicitando compensaciones económicas, fijando como fecha de cese laboral el 31 de marzo de 2025, lo cual llevó al juzgado en ese momento a concluir que ya no correspondía mantener la orden de reincorporación. En el medio, la Justicia ratificó y reforzó la medida cautelar para otros tres trabajadores y delegados de Atilra en la planta: Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico.
No obstante, ahora ratificó la multa a la empresa por no reincorporarlos. Además, en la última resolución, Ramonet señaló que “respecto del seguro de caución solicitado por la demandada, por las sumas que resultan ejecutorias [los $47 millones], no corresponde la sustitución bajo ningún concepto”. En tanto, para las sumas aún no firmes, indicó: “Con relación a las restantes sumas, toda vez que a su respecto no se encuentran firmes, una vez presentado el seguro de caución que pretende, se proveerá. Salvo que la demandada acompañe el seguro de caución en los términos referidos en la parte final de la resolución, en cuyo caso, previo al libramiento del oficio se evaluará el seguro aludido”.
En este contexto, para el embargo preventivo por $120.100.000, si la empresa presenta un seguro de caución, el juzgado evaluará si es aceptable o no, antes de hacer efectivo el embargo. Por último, Ramonet también citó a una audiencia de conciliación con los ocho trabajadores que siguen en litigio con la pyme, para septiembre.
El juez José Ignacio Ramonet dejó firme un embargo por $47 millones de astreintes y aplicó otro “preventivo” de $120 millones más $36 millones por no cubrir costas judiciales LA NACION