La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la denuncia presentada por el periodista Christian Sanz contra el senador Edgardo Kueider que data de julio de este año por enriquecimiento ilícito, y aseguró que se trata de una “corrupción estructural” que incluye a muchos organismos. El legislador, quien hoy está detenido en Paraguay por tentativa de contrabando de 200 mil dólares sin declarar, había sido demandado por su actividad en la empresa ENERSA, donde habría sido partícipe de coimas.
“Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, hay un estado de corrupción estructural, es endémico. Da cuenta de esto la cantidad de organismos del Estado que estaban en esta maniobra y entramado de sobornos para mantener contratos. Por otra parte, sobrefacturaban servicios de seguridad que en realidad no daban o acordaban con los funcionarios de Securitas dar un servicio de menor calidad con menos hombres”, señaló la magistrada en la pantalla de LN+.
Además continuó: “En esta investigación hemos detenido a una importante cantidad de funcionarios que estaban imputados y luego fueron liberados, pero la Cámara nos acaba de confirmar el procesamiento por asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública de varios directivos de Securitas y otros organismos”.
Arroyo Salgado remarcó que en la investigación están involucrados muchos organismos y que el monto que se movió en sobornos fue de siete millones y medio de dólares. Asimismo, destacó que lo más “preocupante” de esta situación es que la causa llegó a la Justicia porque la propia empresa decidió autodenunciarse en 2020 luego de recibir numerosos avisos de parte de empleados con denuncias de corrupción y, en consiguiente, formular una auditoría interna.
Noticia en desarrollo.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la denuncia presentada por el periodista Christian Sanz contra el senador Edgardo Kueider que data de julio de este año por enriquecimiento ilícito, y aseguró que se trata de una “corrupción estructural” que incluye a muchos organismos. El legislador, quien hoy está detenido en Paraguay por tentativa de contrabando de 200 mil dólares sin declarar, había sido demandado por su actividad en la empresa ENERSA, donde habría sido partícipe de coimas.
“Lo que pasa es que en nuestro país, lamentablemente, hay un estado de corrupción estructural, es endémico. Da cuenta de esto la cantidad de organismos del Estado que estaban en esta maniobra y entramado de sobornos para mantener contratos. Por otra parte, sobrefacturaban servicios de seguridad que en realidad no daban o acordaban con los funcionarios de Securitas dar un servicio de menor calidad con menos hombres”, señaló la magistrada en la pantalla de LN+.
Además continuó: “En esta investigación hemos detenido a una importante cantidad de funcionarios que estaban imputados y luego fueron liberados, pero la Cámara nos acaba de confirmar el procesamiento por asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública de varios directivos de Securitas y otros organismos”.
Arroyo Salgado remarcó que en la investigación están involucrados muchos organismos y que el monto que se movió en sobornos fue de siete millones y medio de dólares. Asimismo, destacó que lo más “preocupante” de esta situación es que la causa llegó a la Justicia porque la propia empresa decidió autodenunciarse en 2020 luego de recibir numerosos avisos de parte de empleados con denuncias de corrupción y, en consiguiente, formular una auditoría interna.
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La jueza federal, que está a cargo de la investigación contra el senador, sostuvo que hay muchos organismos incluidos y que el legislador habría sido partícipe de coimas LA NACION